México avanza en ley de inteligencia artificial pero carece de estrategia nacional
Especialistas señalan ausencia de visión de Estado y rezago en regulación y datos abiertos
México prepara una ley general de inteligencia artificial (IA) que busca regular y fomentar su uso, pero especialistas advierten que el país aún no cuenta con una estrategia nacional clara ni una visión de Estado que guíe el desarrollo y la integración de esta tecnología. Aunque el Senado y la Cámara de Diputados trabajan en iniciativas legislativas, y el gobierno incorpora la IA en su agenda digital, estos esfuerzos avanzan de forma dispersa y sin objetivos comunes. Según la OCDE, México tiene un desempeño bajo en gobierno digital y datos abiertos, lo que limita su capacidad para aprovechar la IA en beneficio económico y social.
Avances legislativos dispersos y falta de coordinación
El Senado mexicano elaboró un borrador de ley que clasifica los sistemas de IA en función de su riesgo, estableciendo requisitos para los casos de mayor impacto y promoviendo la autorregulación para otros usos. Sin embargo, el proyecto aún no se ha presentado formalmente en el pleno y su discusión se enfrenta al reto de armonizar múltiples definiciones y normas existentes en el país.
Por su parte, la Cámara de Diputados instaló en abril una comisión especial para analizar el tema y mantiene en revisión diversas iniciativas. El gobierno federal, a través de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, también ha integrado la IA en su agenda, pero no existe una ruta conjunta que defina metas nacionales claras.
Hugo Manuel Luna Vázquez, diputado federal y miembro de la Comisión de Inteligencia Artificial, señaló que “México necesita urgentemente una visión de Estado” que oriente la regulación y el desarrollo tecnológico. Propuso que la ley funcione como un marco flexible con principios generales, dejando la regulación detallada a ordenamientos sectoriales para evitar que la norma quede obsoleta ante el rápido avance tecnológico.
Limitaciones en datos abiertos y capacidad institucional
Uno de los retos más evidentes para México es la baja disponibilidad y reutilización de datos públicos, indispensables para entrenar y desarrollar sistemas de inteligencia artificial. El país obtuvo un 0.25 en el índice de datos abiertos de la OCDE, menos de la mitad del promedio de 0.53, y cero puntos en apoyo gubernamental para su reutilización.
Alberto Farca, vicepresidente de Proyectos de Centro México Digital, explicó que gran parte de la información pública se encuentra en formatos poco accesibles para análisis automatizado, como documentos PDF, lo que dificulta su aprovechamiento por investigadores y desarrolladores nacionales. Además, Cecilia Azuara, especialista en privacidad de la UNAM, advirtió que la estrategia deberá incorporar la protección de datos personales, tema que ha avanzado por separado de la regulación sobre IA.
El Programa Sectorial de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones 2025-2030 reconoce estas limitaciones y plantea desarrollar tecnología pública propia y estándares para conectar bases gubernamentales, buscando reducir la dependencia estructural de soluciones privadas.
Contexto internacional y desafíos para México
Expertos como Sergio López Ayllón, investigador de la UNAM, resaltan que en el ámbito global la regulación de la IA ha evolucionado desde la discusión de riesgos hacia una política industrial. Estados Unidos y China buscan fortalecer sus industrias nacionales, mientras Europa adopta un enfoque basado en niveles de riesgo, revisando plazos para no perder competitividad. Corea del Sur, en cambio, apuesta por instituciones técnicas que desarrollen capacidades y vigilancia tecnológica.
México se perfila principalmente como usuario de modelos desarrollados en el extranjero, lo que hace necesaria una política pública que ordene su incorporación en la economía y los servicios públicos, al tiempo que fomente el desarrollo de capacidades nacionales y la soberanía digital, seleccionando tecnologías y proveedores para reducir la dependencia externa.
El proyecto de ley mexicano deberá además considerar una reforma constitucional que distribuya competencias entre la Federación y los estados, y armonice al menos 17 ordenamientos relacionados con la IA. Mientras tanto, la regulación vigente se concentra en aplicaciones específicas, como la seguridad pública, pero carece de un marco general con objetivos claros para el futuro tecnológico y económico del país.
La regulación de la inteligencia artificial en México se encuentra en una etapa inicial, marcada por esfuerzos legislativos fragmentados y un vacío en la estrategia nacional. La coordinación entre poderes y un enfoque integral serán cruciales para que el país aproveche el potencial de esta tecnología, alineándose con estándares internacionales y garantizando un desarrollo inclusivo y seguro.
Para más información sobre políticas públicas y gobierno digital, puede consultarse el Panorama del Gobierno Digital de la OCDE en ocde.org.
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